La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito expresa a través de un comunicado su exigencia al Estado del cumplimiento de políticas públicas que garanticen el acceso al aborto legal, tal como lo establece el artículo 86 del Código Penal desde 1921. Subrayan que en varias provincias pesa más el accionar de la Iglesia católica que la legislación vigente.





