MENU Lunes 06, mayo 2024 06:53
Trabajadores denunciaron que fueron atacados por personal de la policía Metropolitana cuando intentaron ingresar al predio del Taller Protegido 19, que fue demolido por operarios del gobierno porteño. La violenta represión dejó como un saldo de 40 heridos y 7 detenidos.
Con gases y balas de goma la Policía atacó a manifestantes que protestaban frente a un establecimiento educativo de La Puntana, reclamando la reincorporación de dos maestros al colegio.
La sociedad francesa se vio dividida tras esta iniciativa, y tras los incidentes que se produjeron en la movilización que llevaron a cabo opositores al casamiento homosexual, el gobierno, defendió la represión policial durante el final de la protesta.
La legisladora porteña Cerruti adelantó que su bloque presentará un proyecto de ley para prohibir que la fuerza dirigida por el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro «pueda ir armada a las situaciones en que sólo debe imponer orden».
La querella de los familiares tomó esa decisión tras el fallo de la Cámara de Casación que dejó firme el sobreseimiento al ex presidente de la Alianza en la causa por cinco crímenes y cientos de heridos en la represión de diciembre de 2001.
Se trata de quienes protestaban contra los negocios inmobiliarios del PRO y el FPV. Al respecto González Gass sostiene que lo ocurrido “muestra claramente que el Macrismo y el Kirchnerismo comparten los mismos negocios que pueden diferir en algunos matices, pero que en definitiva persiguen iguales objetivos y desnudan sus antiguas amistades”.
Lo hizo con un apriete a los vecinos a través de represión y patotas. Según denuncian, una patota que responde al intendente Arsani agredió con piedras fuera del Concejo Deliberante a los vecinos de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida que se manifestaban frente al municipio.
El episodio ocurrió ayer en Rawson cuando fueron golpeados un grupo de vecinos que defendía la prohibición de la minería a cielo abierto. Según denuncian los responsables fueron llevados al lugar por consultoras mineras. “Esto provocó la reacción contraria, ya somos el triple de los que éramos”, marcó uno de los manifestantes.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos extendió por un año, la oferta de recompensa destinada a quienes brinden datos del paradero de ocho personas acusadas de delitos de lesa humanidad. Ellos son Eduardo Salvador Ullua, César Heriberto Peralta, Carlos Gabriel Jesús Isach y Antonio Tuttolomondo, Raúl Arturo Viglizzo, Omar Noce, Miguel Ángel García Moreno y Fernando Alberto Otero.
Los diputados Julio Raffo y Rafael Gentili presentaron un proyecto de declaración deplorando “los gravísimos hechos ocurridos” y manifestaron “su mayor y profundo dolor por las cuatro muertes ocasionadas”.
