Levín es propietario de la firma La Veloz del Norte y se lo acusa de instigar la detención ilegal de trabajadores. El pedido fue hecho por los fiscales federales de Salta, Eduardo Villalba y Juan Manuel Sivila.

Los fiscales federales de Salta, Eduardo Villalba y Juan Manuel Sivila, pidieron la elevación a juicio de la causa en la que se investiga al empresario Marcos Levín por su supuesta participación en el terrorismo estatal que imperó en la década del 70 en el país.

Según informaron a Nuevo Diario de Salta, el propietario de la firma de transporte La Veloz del Norte está acusado de instigar la detención ilegal (con una falsa acusación) y la aplicación de tormentos a Víctor Manuel Cobos, ocurrida el 22 de enero de 1977.

El hombre, de familia peronista, cuando fue detenido, era delegado gremial en su empresa e integraba la directiva de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). 

Junto a Cobos fueron detenidos otros 21 trabajadores de la empresa, al menos 15 de ellos fueron torturados y obligados a firmar “confesiones” en las que se responsabilizaban por una supuesta estafa. 

Sin embargo, todavía se discute si sigue la investigación sobre estos últimos hechos, por lo que la elevación a juicio comprende sólo los delitos en perjuicio de Cobos, quien estuvo detenido hasta el 19 de abril de 1977.

De este modo, el juicio sería el primero en que se juzga a un empresario civil por delitos de lesa humanidad.

En la elevación a juicio, los fiscales sostienen que el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la dictadura contó con el apoyo de un sector del empresariado para disciplinar imponer un modelo económico que beneficiara al capital financiero, para lo que era necesario reprimir a los trabajadores y sus organizaciones. 

Es lo que ocurrió en el caso de La Veloz del Norte, cuyos trabajadores “fueron víctimas del plan sistemático y generalizado de represión ilegal” que estaba dirigido “en particular contra aquellas fracciones más combativas de la clase obrera o que se alinearon con ellas”, expresan.

Por las detenciones ilegales y torturas están acusados también los policías retirados Víctor Hugo Bocos, Enrique Víctor Cardozo, como autores materiales, y el comisario Víctor Hugo Almirón, que era jefe de la Comisaría 4°, donde fueron torturados los empleados, es acusado como autor mediato.

El dictamen fiscal destaca la “especial imbricación” que existía entre las estructuras de La Veloz y las estructuras represivas ilegales. Levín aportaba vehículos a la Policía y Bocos tenía el doble rol de funcionario policial y empleado de la empresa, por un lado subordinado al comisario Almirón en la denominada lucha contra la subversión y por el otro “dependiente de Levín”. Este vínculo era tal que durante las sesiones de tortura Levín “mantenía entrevistas recurrentes con los funcionarios policiales, en particular con Bocos, con el fin de supervisar el desarrollo de las tareas de represión de los trabajadores que previamente había denunciado”.

Como parte de la estructura de poder de la empresa, los fiscales sostienen que el entonces jefe de personal de la firma, José Antonio Grueso, “fue una pieza fundamental para la individualización, selección y sistematicidad que tuvieron las acciones respecto de las víctimas”. Grueso fue beneficiado con una falta de mérito.