Así, lo solicitaron mediante la presentación de un amparo, los diputados opositores Beatriz Kreitman (CC-ARI), Manuel Fuertes (NCN), Raúl Dobrusín y Alfredo Marcote (ambos del UNE-Corriente Unidad Popular), con el fin de apunta a obligar al gobierno a que difunda los detalles del acuerdo entre YPF y Chevron.

Estos mismos diputados también intentaron frenar el tratamiento del acuerdo en la sesión legislativa de este miércoles con una medida cautelar, pero la jueza María Eugenia Grimau, rechazó el pedido por considerar que no está previsto “que sea un juez quien defina la conveniencia y oportunidad del tratamiento legislativo de un proyecto de ley”, sino que le corresponde a los propios diputados, respetando las mayorías y minorías electorales, según señalaba el fallo publicado por el diario La 

Mañana de Neuquén.

Sobre el amparo por la falta de una audiencia pública, desde el Juzgado Civil 4 de Neuquén, a cargo de Grimau, se declaró admisible la solicitud y dio traslado al fiscal de Estado, para que el Ejecutivo provincial presente su informe sobre el tema dentro de un plazo de dos días, es decir, hasta el miércoles, a partir del cual la jueza resolverá si corresponde la convocatoria o no.

La presentación

En conferencia de prensa, Kreitman explicó que la intención con el amparo es que se cumpla el llamado a audiencia pública por el método de fractura hidráulica y explicó que, si bien ya existen este tipo de pozos en la provincia, “ahora se va a hacer en forma masiva”.

“Al no tener la mayoría necesaria en el Poder Legislativo, pedimos la intervención de otro poder, el Judicial, para que haga de contralor”, argumentó, por su parte, Fuertes y recalcó que en caso de que el amparo resulte desfavorable, recurrirán a la Corte Suprema y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Fuertes informó que también plantearon que se establezca la inconstitucionalidad del Decreto 422, que, según el legislador, permite a las empresas evadir la consulta a la población como requisito previo a un emprendimiento con riesgo de contaminación.

“Mamarracho jurídico”

En tanto, voces afines al oficialismo, salieron a cuestionar la medida que opone una nueva traba al acuerdo entre YPF y la petrolera Chevron.

En diálogo con el mencionado matutino, el diputado Claudio Domínguez del MPN calificó de “mamarracho jurídico” la iniciativa y afirmó que sus pares buscan “impedir el normal funcionamiento de este poder del Estado”.

Finalmente, les reprochó que “si no les da la cabeza para darse cuenta de que existe la independencia de poderes, menos les va a dar la cabeza para analizar un acuerdo y plantear la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo”.