No hubo sorpresas en la Cámara baja, aunque sí sobraron las chicanas, los cruces verbales y hasta las expresiones de dudoso gusto. Y pese a que en algunos casos la defensa que el oficialismo hizo del proyecto no fue de las mejores, finalmente al Frente para la Victoria le alcanzó con lo que alguna vez –en épocas de Menem- desde el bloque radical se dio en llamar ‘la dictadura del número’, esto es la cantidad de votos con que cuenta cada sector a la hora de la verdad.

El bloque que preside el diputado santafesino Agustín Rossi no tuvo inconvenientes ni para lograr el quórum que otras veces le ha costado tanto. Esta vez pudo reunir 131 diputados muy poco después de las 12. A partir de allí se lanzó a la tarea de convertir en ley la iniciativa que intenta blanquear divisas.

El proyecto, que según  el oficialismo será una herramienta destinada a atraer capitales que no han sido declarados, y utilizada para motorizar la economía –particularmente los sectores inmobiliario y energético-, parece ser todo lo contrario para el arco opositor. En efecto, en ese sector afirman que la norma ahora sancionada será la puerta de entrada al país del dinero sucio. Y afirman que es “un traje a medida” para los amigos del poder que necesitan blanquear fortunas supuestamente mal habidas o que, al menos, no pueden justificar ante la AFIP

Durante el más que escueto tratamiento en comisión, esta vez los diputados de la oposición no pudieron siquiera trasladarse sus quejas ni sus dudas a los funcionarios del Gobierno. A diferencia de lo ocurrido días atrás en el Senado –adonde concurrió a explicar el proyecto buena parte del equipo económico, incluido el ministro Hernán Lorenzino-, por expresa decisión del presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Roberto Feletti, ningún miembro del Ejecutivo fue invitado.

Cabe recordar que la ley recién sancionada permite al ministerio de Economía y al BCRA a emitir diversos tipos de herramientas financieras (Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico –BAADE-; Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico –PADE- y, en el caso del Central, el Certificado de Depósito de Inversión –CEDIN-, destinadas respectivamente a los sectores energéticos y de la construcción, y al mercado inmobiliario.

A esos instrumentos podrán acceder todas las personas físicas y jurídicas que no tengan relación alguna con el Estado (en el caso de las personas físicas, tampoco sus familiares) y que posean moneda extranjera o divisas, dentro o fuera del territorio nacional. Los que exterioricen sus fondos no deberán pagar ningún impuesto nacional ni podrán ser alcanzados por ninguna de las sanciones administrativas o penales que prevén la ley penal tributaria y el régimen penal cambiario.

Según el texto de la nueva ley «el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Administración Federal de Ingresos Públicos, deberán realizar la actualización del listado con las jurisdicciones consideradas paraísos fiscales (Decreto 1344/98 y sus modificatorias)».

Sin embargo, al menos para un sector del arco opositor, con eso no alcanza. «La ley, en lugar de mejorar en algo la situación económica, inevitablemente la va a terminar empeorando porque agrava la falta de confianza, condición indispensable para lograr más inversión», dijo ante El Mensajero el diputado radical bonaerense Miguel Bazze.

El mendocino Enrique Vaquié, también radical, al hablar en el recinto negó que la ley ahora sancionada vaya a ser una herramienta útil para la economía nacional.  “Lo que oculta el oficialismo es que en Latinoamérica la construcción creció. Desde que se inventó en Argentina el cepo cambiario y cayó la construcción, en Chile, creció el 8%, en Uruguay el 14 %. El problema de la construcción acá no es la crisis internacional sino que, como perdíamos reservas, inventamos el cepo cambiario”, explicó el economista radical.

Vaquié, ex ministro de Hacienda de Mendoza, agregó luego: “Se dice también que necesitamos esta ley para la energía, para el petróleo. Pero en 2012, la producción petrolera en el país cayó un 4 % y en lo que va de 2013 también está cayendo otro 4,1 %. En mi provincia de Mendoza cayó mucho más el petróleo, el 7 % en el 2012 y está cayendo el 5 % en el 2013. Se dijo siempre que manejaban internamente los precios del petróleo y del gas para que el precio de los combustibles en Argentina fuera más barato. Controlar el precio en ningún caso generó que el precio de los combustibles estuviera más barato, al contrario, generó que los precios estuvieran más caros y que las provincias tuviéramos menos ingresos”.

Otro crítico, el peronista disidente bonaerense Eduardo Amadeo, afirmó que con esta ley «no se va salir nunca más a los mercados de financiamiento» y advirtió que Argentina y Corea del Norte «son los únicos países que se niegan a solicitar financiamiento en el mundo pidiendo a sus ciudadanos que paguen gastos con un nivel de presión impositiva insoportable».

A la hora de presentar el proyecto en su condición de miembro informante de su bloque, y luego al defender la norma, el diputado kirchnerista Roberto Feletti había justificado el objetivo de la iniciativa: “Es movilizar ahorros que hayan salido del circuito económico formal de la Argentina y reingresen para poner en valor y movilizar activos argentinos, sean muebles o inversiones en infraestructura, particularmente en hidrocarburos», había afirmado el diputado porteño.

Con esos argumentos le alcanzó al oficialismo para convencer a los propios y lograr que el proyecto de Exteriorización de Capitales fuera convertido en ley antes de fin de mes. Tal como habían pedido desde la Casa Rosada.