En respuesta al amparo presentado por los legisladores Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo del Frente Progresista Popular,  junto a Luis Otazo representante barrial y habitante de la villa 21-24 de Barracas, en el que piden la demolición del muro de la calle Ascasubi, el  Gobierno de Mauricio Macri dice que «los demandantes, carecen de legitimación procesal por cuanto no han demostrado que en el caso de autos se produzca un perjuicio personal, concreto y directo».

El motivo del amparo fue porque el muro mantiene cerrada una arteria fundamental para los vecinos y la calle en cuestión es utilizada por el multimedios Clarín para uso exclusivo como estacionamiento del personal, sin permiso de la autoridad competente para dicho fin.

Desde el Gobierno de la Ciudad agregan: «los accionantes no se pueden atribuir la adecuada representación de otros vecinos supuestamente afectados por la realización de la obra de que se trata. Resulta inadmisible que mediante una vaga alusión a la defensa de derechos de incidencia colectiva en general, pretendan estar legitimados procesalmente», refiriéndose a Ibarra y Naddeo pero omitiendo al representante de la villa 21-24 Luis Otazo, en clara representación de las agrupaciones barriales y los vecinos del lugar. En otro tramo el gobierno de la Ciudad le solicita al juez interviniente, el rechazo de la presente demanda en razón de no apreciar «daño, lesión o restricción inminente que con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, afecte derechos o garantías constitucionales». Además, el Gobierno porteño intenta deslindar responsabilidades manifestando que no existe «prueba alguna de que el muro referido en el escrito de inicio haya sido construido por el gobierno de la Ciudad o por las empresas localizadas en la calle Ascasubi entre Luna y Agustín Magaldi».

En la demanda presentada se hace clara referencia a que  «la construcción de este muro denota una acto de discriminación y segregación para los vecinos que habitan el lugar y que se ven impedidos de circular libremente, acceder a la escuela, a los centros de salud,  encontrándose en peligro en los casos de emergencias ya que complica en grado extremo el tránsito vehicular».

Al respecto, Aníbal Ibarra expresó: «Resulta sorprendente que el gobierno de la Ciudad sabiendo de la clara ilegitimidad e ilegalidad que significa el cierre de una calle en beneficio de una empresa opte por decir que los legisladores no viven en la zona y por lo tanto no son perjudicados,  en lugar de asumir la responsabilidad como gobierno y mandarlo a demoler. Pero cuando uno se fija que esa empresa es Clarín empieza a entender la actitud y respuesta del gobierno de Mauricio Macri». En igual sentido la legisladora y actual candidata a renovar su banca,  María Elena Naddeo, dijo: «La respuesta del gobierno de la Ciudad muestra su perfil insensible y burocrático. Los funcionarios tendrían que escandalizarse ante el cierre de una calle hecho por particulares. En cambio, especulan y minimizan el problema. Vamos a insistir hasta la demolición del muro que discrimina y perjudica a las familias del barrio».