En conferencia de prensa fijaron su posición en ese sentido María Elena Naddeo (Frente Progresista y Popular), Jorge Selser (Partido Socialista Auténtico), Virginia González Gass, Laura García Tuñón y Alejandro Bodart (Proyecto Sur), María Rachid y María José Lubertino (Frente para la Victoria) y Edgardo Forn (Nuevo Encuentro). Las y los legisladores coincidieron en calificar como «inconstitucional, violatoria del Código Penal y del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre abortos en caso de violación, anacrónica y contraria a los derechos de las mujeres», la resolución del Ministerio de Salud porteño conocida esta semana. Pocas horas después, el gobierno de la ciudad anunció la renuncia del titular de la cartera sanitaria, Jorge Lemus. La resolución cuestionada, 1252/12, firmada por Lemus, establece los procedimientos que deberán realizarse en los hospitales de la ciudad cuando se practiquen abortos no punibles contemplados en el artículo 86 incisos 1 y 2 del Código Penal. El articulado habilita la interrupción del embarazo en casos de riesgo para la salud de la mujer, violación, y también atentando al honor de mujeres con discapacidad. «El PRO, no quiere dar el debate en el recinto, por eso emitió una resolución que demora la asistencia a las mujeres que deben realizarse esta práctica», aseguró Naddeo, en referencia a las distintas instancias establecidas por la normativa, por las que deberían pasar las mujeres para lograr la interrupción de la gestación.  Por su parte, Selser explicó que «el Gobierno de la Ciudad no puede modificar el Código Penal ni hacer nada que la ley no solicita, cosa que pretende hacer con la norma que emitió, que penaliza y atemoriza a las mujeres y niñas víctimas de violación». El dirigente se refirió así a la exigencia ministerial de que padres o tutores autoricen la práctica en menores de edad o mujeres con discapacidad. También, a la declaración jurada que deben firmar y que estipula que, si la mujer miente sobre la violación, puede recibir sanciones penales y administrativas. A su vez, García Tuñón recordó que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri «dijo en marzo que no se emitiría ninguna resolución sobre aborto no punible y que dejaría en libertad a su bloque para que votara según su conciencia, lo que evidentemente, no cumplió». La diputada resaltó que «quienes estamos en la oposición logramos un dictamen único, acorde con el fallo de la Corte Suprema de Justicia; el PRO no pudo ponerse de acuerdo, por eso no da el debate en el recinto». El fallo al que se refirió la legisladora es del 13 de marzo último, cuando la CSJ determinó que no se deben judicializar los abortos en embarazos que sean producto de una violación. El máximo tribunal instó además al Estado nacional y provinciales a disponer de las condiciones médicas para llevar adelante estas prácticas de manera rápida, accesible y segura. A las críticas por la falta de adecuación de la norma porteña a la decisión de la Corte, la diputada Lubertino sumó que «es contraria a todos los tratados de derechos humanos que rigen en el país, por eso Macri no se animó a firmarlo, lo hizo a través del Ministerio de Salud». Por su parte, el diputado Bodart consideró que «al tener más de 30 votos que nos permitirían sacar el despacho de la oposición, el gobierno de la Ciudad decidió trabar la posibilidad de que se convierta en ley». A su turno, Rachid pidió al PRO que «dé el debate en el recinto» y destacó que «seis bloques opositores apoyan un dictamen que se ajusta al fallo de la Corte y hay otros legisladores que se van a sumar». «Somos defensores de la vida» enfatizó a su vez Forn «ya que queremos evitar que las mujeres sigan muriendo a causa de abortos clandestinos, por eso no puede haber más trabas para acceder al aborto no punible». La legisladora González Gass lamentó que «Macri judicialice todo; lo hace con el Borda y tantos otros temas, ahora, con el aborto, y los y las legisladoras no estamos para eso, estamos para legislar, por eso pedimos debatir en el recinto». El dictamen de la oposición pasó de la Comisión de Salud a la de Mujer, donde previo a la conferencia de prensa, hubo un fuerte debate con legisladores del oficialismo que solicitaron que los asesores analicen el expediente que contiene ambas posturas y defendieron la resolución 1252. El pedido no fue aceptado por los bloques opositores, quienes quieren llegar al recinto con el expediente, y Naddeo, titular de la comisión, anticipó que «consultará con los legisladores para continuar con el debate la semana próxima».