En la  reunión de la Comisión Investigadora sobre escuchas ilegales de la Legislatura, el comisionado mayor de la Policía Metropolitana, Ricardo Ferrón, compareció ante los diputados sólo  para justificar su negativa a prestar declaración.

 El ex comisario de la Policía Federal se amparó en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que protege a una persona de declarar contra sí misma.

Por medio de un documento escrito, Ferrón explicó que su disposición responde a la intención expresa de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno nacional de iniciarle una causa por su participación en la detención de miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en febrero de 1981, plena dictadura militar. El legislador Marcelo Parrilli (MST – Nueva Izquierda), quien se encontraba entre los detenidos en esa oportunidad, fue quien solicitó la baja del comisionado a la Policía Metropolitana, pedido que reiteró en la reunión.

“Creo sinceramente que no es procedente que declare”, leyó Ferrón, y agregó que le hubiese gustado “estar asistido por un abogado”. Sin embargo, sí dio algunos detalles sobre su llegada a la Metropolitana, empezando por su cercanía con el ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro, que fue lo que lo llevó a incorporarse a la fuerza porteña, y su participación en el episodio de Puerto Pibes, cuando la Metropolitana instaló oficinas en un edificio del Ministerio de Desarrollo Social.

Pero el punto fuerte fue su exposición, desde su punto de vista, sobre su actuar durante el operativo contra el CELS en el que tomó parte.

Ferrón alegó que en ese entonces tenía solamente 25 años y no ocupaba ningún cargo de toma de decisiones dentro de la fuerza. En cambio, señaló al juez de Primera Instancia en lo Criminal Nacional y Correccional Federal Martín Anzoátegui como autor de la orden por la que se procedió a secuestrar “material que se relacione con actividades subversivas” y detener “a los que a primera vista se consideren responsables”. Por último alegó que un oficial no podía poner en cuestionamiento lo que le era ordenado por un juez federal.

Concluida la lectura, se disculpó con los diputados por no declarar y se retiró de la Comisión.

Su partida fue seguida de una exposición de Parrilli, quien celebró  el que “a lo largo de los años parece que Ferrón aprendió sobre garantías institucionales”. Además reiteró que la opinión de su bloque es que “la participación de Ferrón en el procedimiento lo inhabilita para participar de la Policía Metropolitana”, y agregó que seguirá adelante con el pedido para que sea “exonerado de la misma”.

La reunión se cerró con la lectura de una nota enviada por el jefe de la PM, Eugenio Burzaco, quien repudió “las imputaciones realizadas” por el legislador Fabio Basteiro (Proyecto Sur) contra el superintendente de Comunicaciones de la Metropolitana, Eduardo Martino, e instó al diputado a retractarse. Basteiro ratificó sus dichos, referidos a declaraciones hechas por Martino frente a la misma Comisión, y fue apoyado por el resto de los diputados presentes, todos ellos de la oposición.

El presidente de la Comisión, Martín Hourest, confirmó la reprogramación de la citatoria al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. El jefe del PRO se había escusado por encontrarse  en su luna de miel para no concurrir el lunes 29 de noviembre. La nueva fecha es el viernes 3 de diciembre.