Este viernes al mediodía, la Cámara Federal de Apelaciones dará una sentencia clave en el marco de la causa por el narcotráfico en Córdoba, al definir la situación de los detenidos involucrados en el caso.

Se trata del ex jefe de Lucha contra el Narcotráfico, Rafael Sosa, y el ex jefe de Drogas Peligrosas en Traslasierra, Gastón Bustos, a quien se imputó por cambiar 30 kilos de marihuana secuestrados en octubre del año pasado en un procedimiento por alfalfa y granza, además del resto de los policías en el marco de la causa.

Sus abogados defensores pidieron su liberación, sosteniendo que no participó del secuestro, sino que fue un simple depositario de la droga alfalfa.

De esta manera, la causa que revela escandalosos vínculos entre el narcotráfico, policías y políticos cordobeses, estaría en las últimas instancias para que se eleve a juicio.

Pero además, en las próximas horas habría nuevas imputaciones sobre los policías detenidos, según informó el fiscal federal Enrique Senestrari ante el portal de noticias del Ministerio Público Fiscal.

“Hay posibilidades de agregar personas porque son muchos casos y por supuesto es que es probable que haya otros policías involucrados», sostuvo al tiempo que manifestó su temor respecto de qué puede suceder en caso de que sean puestos en libertad.

“Son personas que mantienen una enorme influencia dentro de la Policía. No hace falta tener el uniforme puesto para dar órdenes. Pueden manipular el testimonio de muchas personas. Si están en libertad van a manejar información de la causa”, expresó.

El caso

Los investigadores retoman las sospechas en un secuestro extorsivo “sospechoso” ocurrido el 16 de julio y que involucraba a personas relacionadas con el jefe de la dirección de drogas de la Policía, Rafael Sosa, quien no solo no frustró el hecho, sino que tampoco dio intervención al fiscal federal de turno.

Dos días después, es detenido Juan Francisco Viarnes por una estafa con dólares falsos. De acuerdo a las declaraciones del fiscal, este hombre “pasa de ser una especie de agente encubierto ilegal, víctima o cómplice -no está claro todavía-, a relatar los hechos donde estaba involucrado. Dice que le soltaron la mano y no lo ayudaron (y en este sentido relata la presencia de Sosa al momento de su detención y cómo lo ignora y se va)”.

Las declaraciones del “arrepentido”, quien también habló en los medios, originaron que a principios de agosto la fiscalía inicie la investigación y se intervengan los teléfonos de Sosa y de otras personas.

Estos datos permitieron descubrir irregularidades de más de tres años de trabajo de la dirección de policía, donde se había levantado una verdadera estructura para traficar drogas en la provincia.

“Para mí, esto tiene cuatro patas: actividad de un agente encubierto ilegal, fraguado de causas a través de una maniobra ilegal, la sustracción del estupefaciente y, la pata más grave, que es saber si se dedicaban a la comercialización. Al apurar la investigación, las tres primeras las tengo comprobadas, en distintos grados. En cambio, de la última sólo tengo indicios”, dijo Senestrari ante el portal de los fiscales en relación al impacto que tuvo la difusión de estos hechos en un programa periodístico local.

Consultado sobre si cree que los involucrados pueden entorpecer el trabajo judicial, señaló que “hay un poder político enojado que observa con lupa dónde pueden pegar para bajar a un fiscal que los está molestando” y detalló que “tanto un jefe de policía, un ministro de seguridad, uno de desarrollo social y un jefe de gabinete como el propio gobernador están hablando en contra del trabajo de la fiscalía sin que ninguno de ellos conozca el contenido de la investigación”.

Vínculos políticos y reclamos de los “embagallados”

La prensa cordobesa dio a conocer una foto donde se ve a la ministra de Seguridad de la Provincia, Alejandra Monteoliva, junto a uno de los imputados por el narcoescándalo, Gustavo “el Huevo” González, ex jefe de Inteligencia de la Drogas Peligrosas de la Policía provincial, tomada en Ecuador, donde ambos participaron de una capacitación en el tema narcotráfico.

La ministra de José Manuel de la Sota, al igual que el imputado y preso ex jefe de Drogas Peligrosas, Rafael Sosa, también se habría capacitado en narcotráfico en Colombia, país al cual Monteoliva asesora en materia de seguridad.

La foto difundida por la UNC, se conoce a horas de que Monteoliva hiciera una enfática defensa de los policías detenidos en la causa que investiga el fiscal federal Enrique Senestrari. “Podríamos hablar hasta de ciertos errores en procedimientos o irregularidades. Pero de allí a decir que aquellos que los cometieron sean narcotraficantes, hay mucha distancia”, señaló.

La polémica en torno de esta funcionaria se completa con las acusaciones que realizan familiares de imputados y condenados en causas por narcotráfico investigadas supuestamente en forma irregular por la División de Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba y la Justicia Federal,

Se trata de los “embagallados”, palabra que en la jerga hace referencia a quien le armaron una causa con drogas, quienes piden la renuncia de Alejandra Monteoliva, y de la cúpula de la Policía de Córdoba.

“Pese a todo lo que sucede, la ministra de Seguridad (Monteoliva), en declaraciones increíbles, negó que haya un narcoescándalo”, dijo Paola Moreno, una de las manifestantes a La Mañana de Córdoba y advirtió: “queremos decirle basta a la corrupción policial, al armado de causas y a lo que ocurre en el sistema penitenciario, donde no se respetan los derechos de los detenidos”.