El juez de Garantías, Diego Rodríguez Pipino, decidió hacer lugar a una medida cautelar presentada por un grupo de padres para que se garantice el inmediato reestablecimiento de las clases en establecimientos públicos y privados de la provincia de Salta.

Así lo confirmaron fuentes judiciales a Nuevo Diario, al indicar que en las próximas horas se enviarían las notificaciones a los docentes agrupados en Docentes Unidos, que llevan un paro por una mejora sustancial al salario básico, desde hace 29 días.

La medida ordenada por Rodríguez fue solicitada en el marco de un amparo constitucional para que vuelvan a comenzar las clases presentado ayer a la mañana por un grupo de padres en representación de sus hijos menores de edad.

Frente a este panorama, algunos referentes del sector señalaron anoche que los funcionarios judiciales “no nos notificaron de nada, así que no vamos a hacer nada”. Por tanto, por el momento continuarán con el cese de tareas, su acampe en la Plaza 9 de Julio, de la capital provincial y la organización de una nueva marcha.

Consultados por el matutino mencionado salteño, los educadores en tanto admitieron que en la asamblea que de esta tarde se tiene por sentado que este será tema de debate.

Desde el gremio se decidieron paros de 24, 48 y 72 horas. Este último concluye hoy y se esperaba nuevas resoluciones de la reunión de delegados para conocer qué sucederá la próxima semana.

De esta manera, no se vislumbra aún salida alguna al conflicto, pues la provincia reiteró la imposibilidad de otorgar más fondos para recomponer los sueldos docentes e informaron que se espera que los docentes eleven una propuesta alternativa.

Gremios: firmes en su planteo

La orden judicial se sumó a las críticas que se emitieron recientemente desde la cartera de trabajo de la provincia contra los gremios que concretaron paros en el marco de la conciliación obligatoria.

Juan Arroyo (de ATE) y Mario Palavecino (SADOP) argumentados que se vieron obligados a tomar esa decisión ya que “en primera instancia el Gobierno rompió la conciliación obligatoria con la disposición unilateral de un aumento del 5%”.

“Desde allí no existe disposición alguna al diálogo, en tanto no hubo referentes provinciales en las mesas de conciliación que se abrieron para la negociación”, sostuvieron y añadieron que las consultas pertinentes a los letrados coincidieron en que “la conciliación se terminó porque esta indica que se debe llegar a acuerdos, y lo que hicieron es sacar unilateralmente un decreto”.

En este marco, la referente del PO, Cristina Foffani, expresó su rechazo a la resolución que ordena a volver a las aulas desde la Justicia y anticipó que llevarían una propuesta en contra. “Es un tema entre patrón y empleado”, dijo Foffani.

Una de las consideraciones que volcó la referente de Tribuna Docente (brazo gremial del PO), Cristina Foffani, en el acto de la última marcha provincial, fue la necesidad de confluir en una «gran huelga general». Al ser consultado, Arroyo consideró que fue el mismo Gobierno el que «legalizó sentarse a negociar con gente que no tiene representación y dejó de lado a muchos gremios».

«No voy a discutir mientras no haya clases»

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, aseguró que se está a la espera de una contrapropuesta de los docentes a lo ya ofertado por la provincia para mejorar los salarios docentes.

El mandatario reconoció la legitimidad de la medida de fuerza pero insistió en la existencia de una “politización” por parte de sectores a los que se negó a nombrar.

  «No voy a discutir de política mientras los chicos no tengan clases», dijo el mandatario a la prensa provincial y descartó que condicione el diálogo a la vuelta a las aulas de docentes y alumnos, indicando que los delegados y los funcionarios «están hablando todos los días».