El fiscal de la Cámara Penal y Contravencional de la Ciudad, Martín Lapadu confirmó que la Justicia orteña intervino en el conflicto sucitado por la huelga de los recolectores de basura y que perjudicó a miles de personas. 

«El Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado cartas y desde ayer en la Unidad Fiscal Norte, la magistrada Celsa Ramírez abrió una causa por las contravenciones generadas y estará citando a la personas responsables», informó Lapadú en diálogo con Radio Mitre.

El fiscal precisó también que entre algunas de las faltas cometidas por los sindicalistas, se destaca que por la protesta «se colocaron sustancias insalubres en lugares públicos y se afectó el funcionamiento de un servicio público». Asimismo, precisó que de acuerdo con el código, hay penas accesorias que recaerían sobre los gremialistas, «que llegarían incluso hasta la inhabilitación por dos años de los dirigientes sindicales».

Mientras tanto, la Ciudad no logra reponerse del conflicto en el Ceamse que generó inconvenientes en la recolección de residuos. Si bien algunos camiones comenzaron a levantar la basura acumulada, muchos barrios aún lucen con sus calles atestadas de bolsas con desperdicios. 

La acumulación de basura y las altas temperaturas contribuyen a que se expanda un olor desagradable para los vecinos de la Ciudad. 

Jorge Mancini, secretario general de los empleados que están en conflicto, indicó en diálogo con Radio 10 que el conflicto aún no se solucionó y están a la espera de una respuesta del gobierno porteño y de la provincia. 

«Si no encontramos una solución, vamos a ir a un paro general por varios días», advirtió el gremialista, quien remarcó que su protesta es por la ampliación de los complejos ambientales o un plan de contingencia. «Se agotó la capacidad de los polos ambientales. Vamos a retoceder 30 años en materia ambiental», agregó.