Los diputados quieren saber qué funcionario ordenó la demolición y sobre la base de qué normativa tomó esa decisión; además se solicitan copias documentales. 

También preguntan cuál fue la repartición a cargo de la demolición “o, en su caso, por medio de qué contratación se procedió a efectuarla”.

Además,  solicitan saber qué funcionario ordenó el operativo policial y “en caso que hubiese existido tal orden, cuál fue el alcance de la misma” y la documentación respectiva.

El Ejecutivo deberá indicar si hubo heridos, el horario en que comenzó la intervención al Taller y los motivos del horario pautado “informando sobre la sucesión de cada una de las actuaciones desplegadas en el marco del operativo policial”.

También sobre la existencia de personas detenidas y “en caso que los hubiere, indique sobre el inicio de causas, órgano ante el cual tramitan y carátula”. Si se realizó o se encuentra en trámite una auditoría, encomendándose la remisión de sus resultados, si ya los hubiere, o en caso que sean remitidos al finalizarse”.

Además, se interroga “si la ministra de Salud fue notificada acerca del inicio de las obras” y “en caso afirmativo indique si la Dirección del Hospital fue informada, adjuntando copia de la notificación; y si se recomendó el resguardo de los pacientes”. Si fueron heridos trabajadores que integran el personal hospitalario “y en caso afirmativo informe sobre la evolución psico-física de los mismos”.

Por último el Cuerpo pregunta al Ejecutivo “si se brindó atención psicológica específica para esta situación a pacientes y al personal del hospital”.

Por otra parte, sobre la actuación dela Policía Metropolitana, el Poder Ejecutivo deberá informar a través de los organismos correspondientes, dentro de los 30 días de recibida la resolución legislativa, “si se aprobaron protocolos de actuación para la Policía Metropolitana. En su caso, adjunte copia”, “si se está trabajando en nuevos protocolos, indique cuáles y qué áreas o especialistas trabajan en ellos” y “si se suscribió o se planea suscribir al acuerdo sobre “Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas” aprobado por el Consejo de Seguridad Interior.

El proyecto fue planteado sobre tablas por la Diputada Gabriela Alegre (Frente para la Victoria).