La Agcba reveló en un informe la escasez de recursos para atender problemáticas vinculadas a las adicciones en los hospitales públicos porteños, donde se evidencia falta de especialistas, camas y lugares de atención.

En el Elizalde se registró la falta de camas para la internación en la Unidad de Toxicología, por lo que las mismas se realizan en el sector de guardias, donde los pacientes se escapan.

De acuerdo con lo relevado por la Auditoría, en el hospital Argerich la guardia no tiene un espacio reservado para atender a quienes ingresan con algún tipo de adicción y, por lo general, por accidentes o cuadros complejos de salud relacionados al consumo y no por propia voluntad.

El informe de la Agcba afirma que  “No hay un equipo específico de atención de adicciones –la referente es psiquiatra, pero no está designada formalmente– y cuentan con un solo toxicólogo”, 

El Centro de Salud Mental “Dr. Ameghino”,  polémica mediante por el corrimiento de su director, tiene 14 profesionales pero solo uno percibe un salario, el resto lo hace por buena voluntad y vocación. 

Este centro no articula acciones con el Ministerio de Salud o el de Desarrollo Social de la Ciudad, pese a que estas dos dependencias son las encargadas de aplicar la “ley integral de adicciones”. 

La Unidad de Desintoxicación que iba a crearse en el hospital Piñero nunca fue abierta y ni siquiera puede realizar allí internaciones por lo que derivan al Fernández.

El Fernández terminó 2010 con cinco mil pacientes derivados desde distintos centros de salud públicos. Aunque la Auditoría afirmó que “no cuenta con suficiente espacio físico” y que el que tiene es “disfuncional para la cantidad de personas que se atienden”. Y que “las camas son insuficientes”.

La situación no es mejor en el Álvarez, que al tener solo un consultorio usa provisoriamente los de otras especialidades o bien atiende directamente en la sala de espera.

El hospital Tornú, no cuenta con el área de admisión de adicciones y no dispone de personal para controlar las derivaciones.

Además, en esta lista de carencias, la Auditoría señaló que en el Centro N° 1 de Salud Mental “Dr. Hugo Rosarios” los pacientes se atienden en el sector de traumatología, sin servicio de seguridad y con falta de personal, ya que hay “personas registradas como becarios hace 15 años”.

El órgano de contralor sugiere además que un adicto tiene particularidades que hacen que necesite una atención diferencial, algo que no podría lograrse, al menos dentro del ámbito público. 

En 2007 se sancionó la Ley Integral de Adicciones en la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de delinear una política sistemática contra el consumo de sustancias psicoactivas.

La norma surgió de la iniciativa del programa Escuela de Vecinos, para alumnos de secundarios públicos y privados, quienes a su vez participaron en la confección del proyecto.

Actualmente, la normativa prevé un plan de cuatro áreas: “Prevención”, “Atención y reinserción social”, “Observatorio” y “Seguimiento de sustancias legales”. Y que todas esas acciones se desarrollen en conjunto con los ministerios de Salud y Desarrollo Social.

Sin embargo, de acuerdo a un relevamiento de la Auditoría realizado sobre la base de datos obtenidos por el Ministerio Público Tutelar, la interacción entre las carteras es casi nula y “los tratamientos en comunidades terapéuticas son provistos por el Ministerio de Desarrollo Social sin intervención ni articulación con la autoridad de aplicación en materia de Salud Mental”.

De acuerdo con el informe, aprobado este año, la “falta de intervención del Ministerio de Salud en la política social de adicciones” toma relevancia si se tiene en cuenta que el 76 por ciento de los tratamientos a menores de edad requiere que los pacientes sean internados; que el 95 por ciento de las instituciones que los alojan reconocen que los chicos reciben medicación psiquiátrica, y que el 63 por ciento de esos casos medicalizados son supervisados “exclusivamente por psiquiatras de las entidades, que en su gran mayoría son privadas”.

Para completar el panorama, los auditores informaron que “el Ministerio de Salud no dispone de instituciones para alojar personas con patologías por la utilización de sustancias psicoactivas, y existen dificultades en los hospitales del sistema” para incorporar pacientes, ya sean centros psiquiátricos o bien en los propios servicios de salud mental de los hospitales generales de agudos.

La Auditoría habla de la “imposibilidad de seguimiento de pacientes internados en instituciones convenidas”, y que “pese a que se detectó la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en niños, no se definieron acciones ni previeron dispositivos que permitan articular los recursos disponibles entre las distintas áreas (Educación, Desarrollo Social y Salud)”. 

Así mismo, “las unidades de toxicología existentes resuelven las situaciones agudas, pero no existen dispositivos específicos para su seguimiento y orientación, con un alto porcentaje de abandono de tratamientos y fuga de pacientes”.

“La existencia de una red metropolitana en el contexto de la salud mental no ha podido garantizar el funcionamiento mancomunado de los efectores que la componen, ni reproduce los esfuerzos de quienes la integran para lograr mayores y mejores resultados”, finaliza el organismo en su informe.