La Organización No Gubernamental Defendamos Buenos Aires estimó que unos mil autos son levantados diariamente por las grúas, lo que genera un negocio de más de 10 millones de pesos mensuales de los cuales solo el 1 por ciento llega a las arcas públicas porteñas. 

Además denuncian que las dos empresas privadas encargadas del acarreo -que le cuesta al conductor unos 350 pesos- son Dakota SZ y BRD SAICFI, las cuales, según se indicó, “trabajan con la licitación vencida” y bajo el manto protector del gobierno que encabeza, Mauricio Macri”.

La empresas, que se dividen las tareas del micro y el macrocentro a partir de la calle Viamonte, recibieron “polémicas y cuestionadas prórrogas para seguir operando” dentro de un sistema que fue privatizado en 1990, se indicó.

“De toda esa plata, que es mucha, las empresas en teoría le abonan a la Ciudad, es decir a todos los porteños, nada más que 100 mil pesos, por el alquiler de las dos playas donde estacionan los coches hasta que los dueños los retiran. Por lo tanto, ganan 10,4 millones por mes estafando a los ciudadanos», dijo el abogado Javier Miglino.

A la vez, la legisladora porteña María José Lubertino, miembro de la Comisión de Tránsito y Transporte de la legislatura, expresó que «se trata de un gran negocio de empresarios que lucran con el dinero de la gente.».

También aseguró que «desde hace años, los legisladores venimos dando pelea para desmontar este fraude y que realmente se lleve adelante un sistema de control público que sirva para mejorar el tránsito y nuestra calidad de vida».

Además de pagar para poder retirar su vehículo, los conductores después enfrentan una multa económica que varía según la infracción que se les impute.

“El fin del acarreo privado no es disuadir y concientizar al conductor, sino que es recaudatorio, pero ni siquiera para beneficio de los porteños, sino para el bolsillo de dos empresas. La prueba está en que no se reduce la cantidad de acarreos, sino que cada vez aumenta más. Sencillamente porque es un negocio», señaló Lubertino.