Los diputados porteños Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo junto a Luis Otazo representante barrial y habitante de la villa 21-24 de Barracas, presentaron un recurso de amparo ante el Juzgado Contencioso Administrativo Tributario N°12, secretaría N°23 de la Ciudad de Buenos Aires, “al tomar conocimiento de la existencia de un muro que restringe la circulación de los vecinos, cerrando una arteria principal en el Barrio de Barracas, en un espacio público y menoscabando el derecho ciudadano de libre tránsito y circulación», detalla el escrito presentado.

La calle en cuestión es Ascasubi en su intersección con la calle Luna y se encuentra impedida de todo uso público a raíz de la existencia de un muro ilegal de 4 metros de altura y una garita de vigilancia. Dicha calle desde hace varios años es de uso exclusivo como estacionamiento del multimedios Clarín en su planta de impresión del diario.

Ibarra y Naddeo ya habían presentado dos pedidos de informe al Ejecutivo porteño debido a la ilegalidad del muro en la calle Ascasubi y la respuesta  tanto desde la dirección General de Registro de Obras y Catastro y de la Dirección General de Tránsito -luego de presentarse con dos agentes de esa dependencia y constatar el cierre- coincidieron en «no tener injerencia en las medidas administrativas que dispusieron dicho cierre y la colocación de la garita».

Por todo lo expuesto es que los legisladores del Frente Progresista Popular aclaran en la presentación: “Resulta agraviante que una empresa construya o al menos usufructúe un espacio público que por definición es de todos, mediante la construcción de un muro para transformarlo en un espacio privado. Pero mucho peor es que un gobierno que toma conocimiento de esa situación la acepte pasivamente y no vuelva las cosas a su estado original y legal”.

Ibarra detalló, «el Gobierno de Macri permite que el grupo Clarín se apropie de una calle pública para usarla como playa de estacionamiento privada. Los vecinos no pueden circular libremente porque un muro ilegal les cierra el paso y Macri mira para el costado porque tiene acuerdos políticos y comerciales con el grupo Clarín. Con María Elena Naddeo y Luis Otazo nos presentamos a la Justicia para que le ordene al Gobierno de la Ciudad la demolición del muro».

Asimismo la diputada María Elena Naddeo expresó:»La desidia del Gobierno de la Ciudad es evidente. Un muro construido al margen de la Ley que segrega a un barrio, todo para favorecer a una empresa privada. Es intolerable.»

“Es insólito que un privado se arrogue el derecho de uso del espacio público construyendo un paredón de hormigón que se instituye en una ofensa discriminatoria que cercena el derecho del vecino a circular libremente, a acceder a la escuela y a los centros de salud (de uno y otro lado), sobre todo en los casos de emergencia, complica en grado extremo el tránsito vehicular que es obligado a efectuar un largo rodeo- detalla el amparo- Impunemente esta situación se prolonga en el tiempo sin que ninguna autoridad competente tome la decisión de intimar a su demolición o bien de realizarla”. 

Además, aclararon que habiendo agotado todas las instancias administrativas es que interpusieron la acción legal y solicitan a la autoridad judicial correspondiente que “ordene la demolición del muro, sito en la calle Ascasubi en su intersección con la calle Luna de esta Ciudad, a fin de liberar la circulación obstruida por el mismo, fijando un plazo perentorio para que el G.C.B.A lleve a cabo dicha medida”.