Los fiscales mantenían una reunión con el juez para comunicarle los motivos de la suspensión y resolver si se decide una nuevo allanamiento y qué fuerza lo coordina, mientras que los legisladores opositores también se reunían con funcionarios del gobierno porteño en la sede de la cartera social porteña.    

Vega había resuelto el desalojo «inmediato» del predio, que debía concretar la Policía Metropolitana antes de las 19 horas del viernes.

En su fallo el magistrado decidió que los fiscales Carlos Fel Rolero Santurian, Luis Cevasco, Gabriel Unrein y Javier López Zavaleta, procedan al «allanamiento y liberación» del predio de Avenida Fernández de la Cruz entre las calles Pola y Escalada.

La medida debía concretarse «en el horario diurno y en condiciones meteorológicas normales» y la cantidad de personal de las fuerzas de seguridad que lleven a cabo el desalojo «debe ser proporcional la cantidad de ocupantes del predio».

A partir de las 17, sobre el alambrado perimetral y en las dos entradas que tiene el predio, una sobre la calle Pola y otra sobre Escalada, había una primera línea de mujeres y niños que observaban inquietas el movimiento policial, mientras que hacia el interior del predio había hombres jóvenes.

Finalmente, la Policía Metropolitana se hizo presente en el lugar poco después de las 17.40 y dio aviso a los vecinos del precario asentamiento que debían desocupar el lugar, según leyó por una megáfono el comisionado Fernando Hurtado.

Los ocupantes, en tanto, clamaban por abrir una instancia de diálogo hasta el miércoles ya que «aquí hay muchas mujeres y chicos y no estamos dispuestos a irnos», mientras apoyaban al defensor oficial Luis Duacastella quien les informó sobre un recurso judicial de apelación al desalojo en estudio por la Cámara.

«Tenemos una propuesta que queremos llevar al juez en una audiencia, estamos abiertos al diálogo, no queremos que nos repriman, queremos negociar. Estamos dispuestos a debatir lo que la gente necesita y lo que ellos tienen para ofrecer», precisó, uno de los ocupantes.

«La Policía Metropolitana vino al predio mostrando los dientes, aquí había 20 legisladores de la oposición que estábamos dispuestos a formar un escudo humano para que no se reprima a chicos y mujeres embarazadas; no íbamos a permitir que ocurriera un masacre», denunció el legislador porteño Alejandro Bodart, de Nueva Izquierda.

El legislador explicó que la suspensión del operativo se dio también por «la presentación del defensor oficial, Luis Duocastella, y el diálogo que abrió con funcionarios del Ejecutivo porteño. Ahora se abrió esta nueva instancia que vamos a debatir el miércoles en la comisión de vivienda», dijo Bodart.

También estuvieron en el lugar los legisladores de la oposición porteña,  Marcelo Ramal, María Rachid y Gustavo Vera, entre otros.

En tanto, el fiscal Gabriel Unrein denunció que el operativo no pudo concretarse «por falta de colaboración de las fuerzas federales que no cubrieron un cordón que separaba al predio de la villa 20″ y añadió: «el juez delegó a la Metropolitana el desalojo pero luego aceptó la coordinación con otras fuerzas federales».

El secretario de Seguridad, Sergio Berni, aseguró que el fiscal «parecía militante del PRO cuando hablaba» y añadió que «debió haber actuado antes y no quiso trabajar y ahora pretende responsabilizar a las fuerzas federales».

«Nadie puede alegar su propia torpeza», dijo el funcionario y añadió: «cualquier ciudadano puede entender que las 16.30 no puede armarse un operativo extraterrestre, hubo una falta de profesionalismo absoluto de la Policía Metropolitana».

Indicó además que «lo que vimos hoy fue un circo mediático, así no se organiza un operativo de desalojo, el fiscal tendría que haber actuado el miércoles pasado».

«En caso de que el juez requiera la intervención de las fuerzas federales hablaremos con el magistrado y le daremos nuestro punto de vista», dijo Berni