El Poder Ejecutivo de la provincia de Jujuy realiza gestiones para que se construya en las localidades de Yuto o Caimancito la proyectada institución carcelaria federal del NOA.

La iniciativa se superponen con las políticas que mantienen desde la gobernación salteña, donde también se proyecta un enclave carcelario en la ciudad de Orán, cuyo gobernador ha donado 40 hectáreas de tierra con ese fin.

Tanto los sectores jujeños como salteños que piden por esta unidad penal enumeran como uno de los principales argumentos la lucha contra el narcotráfico.

“La aparición de una avioneta abandonada en el Ramal jujeño el pasado mes de febrero y amenaza a jueces federales de Jujuy y Salta, entre otros delitos en torno al narcotráfico que dan cuenta del crecimiento de esta actividad organizada, además de la declaración de Pascuas de los obispos de Jujuy que señalan alarma sobre estos datos”, dijo al respecto el diputado Jorge Rizzotti.

Sin embargo, el legislador de la UCR, quien presentó un proyecto de declaración a favor de la construcción de la unidad federal, sostuvo que “la construcción de una cárcel federal en Yuto no solo refiere a la lucha contra este delito organizado, sino que también implicaría la generación de 800 puestos de trabajo, además de fortalecer las actividades comerciales y de hospedaje de toda la zona”. En este sentido indicó que la región en cuestión, “tendría nuevos movimientos en torno a esa unidad penitenciaria”.

Con respecto a las iniciativas similares que recientemente a presentado el gobierno de Salta, consideró que “estamos ante la posibilidad de perder la concreción de un proyecto anunciado años antes y que significaría, para Jujuy, fortalecer su institucionalidad enlazada a la Justicia Federal, generar trabajo y acrecentar actividades en zonas circundantes a la región implicada”.

Rizzotti recordó que la opción de la provincia de Jujuy como sede de la mencionada unidad carcelaria contaba “con solicitud de camaristas federales de Salta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que se instalara en Yuto, que es equidistante a las localidades de Orán, Tartagal y Libertador General San Martín, zonas “rojas” en lo que refiere a la ruta norte del tráfico de drogas ilícitas en el país”.