Antes de entrar al despacho de la jueza Elena Liberatori, uno de los delegados de la toma, adelantó que iban a reiterarle el mismo pedido que le hicieron a los legisladores al mediodía.“Tenemos un petitorio que exige que se cumpla la ley 1770 y se comience la urbanización de la Villa 20. 

También queremos que se descontamine el terreno con la modalidad de esponjamiento, y que se haga de forma parcial así podemos continuar viviendo en el lugar. Nosotros queremos pagar por nuestras viviendas, no queremos que nos regalen nada”.

En la reunión los delegados le pidieron a la jueza Liberatori que constituya una mesa de trabajo social en la que los delegados se puedan sentar con representantes de la iglesia, funcionarios de Desarrollo Social, legisladores, el Defensor del Pueblo y otras instituciones. 

“Estamos cansados de promesas, queremos que el gobierno cumpla con la urbanización y necesitamos que nos ayuden para que el diálogo concluya en obras” concluyó el delegado.

La jueza explicó que tiene en su poder un informe ambiental sobre el suelo y un plan de remediación que demandaría un año y medio de trabajo. 

Ambos trabajos fueron realizados por la empresa Greencross, contratada por el gobierno porteño. Además, el Ejecutivo presentó un plan de urbanización para construir 3500 vivienda en los terrenos hoy ocupados. 

Para ejecutar el saneamiento y el plan de viviendas, el gobierno exige que el lugar esté desocupado.

“Los delegados del barrio objetaron el estudio, sostienen que es un pretexto ambiental para desalojarlos, y propusieron realizar un nuevo estudio a cargo de la Universidad de Buenos Aires”, relató el abogado Jonatan Valdiviezo, representante legal de algunos de los delegados. 

“Además, el estudio de Greencross dice que solamente están contaminadas dos hectáreas, de las 14 que conforman el predio. Por eso, los ocupantes proponen quedarse en el lugar mientras se desarrollan los trabajos. Dicen que su presencia ahí es la única garantía ante el incumplimiento del gobierno”, agregó el abogado.

Los delegados le propusieron a la jueza realizar un censo de familias en el predio ocupado, para cruzarlo con el censo ya existente de la Villa 20, de manera de excluir de la lista de posibles beneficiarios a los que tengan propiedad en la villa.

Desde el punto de vista de la causa judicial, resultaría difícil otorgar una vivienda a quien tomó la tierra y dejar sin el beneficio a alguien que también vive en el barrio, alquila, necesita vivienda pero no participó de la toma 

La jueza Liberatori, finalmente, considerará los pedidos de los delegados y responderá en una próxima audiencia.

Al  mediodía los delegados habían llevado el petitorio a la Legislatura. Se reunieron con los legisladores del PRO y la oposición para relatarles cómo es la vida en la Villa 20 y cuáles son sus necesidades. 

Por el oficialismo participaron además los legisladores Helio Rebot y Alejandro García. Por la oposición estuvieron Gabriela Alegre (Frente para la Victoria), Alejandro Bodart (MST), Marcelo Ramal (FIT), Gustavo Vera (Verde Alameda) y el presidente de la Comisión de Vivienda, Javier Gentilini (Unen). 

Del encuentro participaron el defensor del Pueblo y los delegados del asentamiento que denominaron Papa Francisco.

Los delegados primero les contaron a los legisladores las condiciones en las que viven en la villa. La falta de lugar que hay en la villa para hacer  nuevas construcciones y a la vez lo peligroso que es vivir en habitaciones  en un tercer piso. 

También aclararon que los que están ocupando el predio ya no pueden pagar un alquiler de $1.200 por una habitación.Los 21 representantes de las familias que hoy se encuentran en el terreno solicitaron la inmediata urbanización de la Villa 20, que se descontamine el terreno con la modalidad de esponjamiento, en forma parcial así pueden continuar viviendo en el lugar y la conformación de una mesa de trabajo social en la que los delegados se puedan sentar con representantes de la iglesia, funcionarios de Desarrollo Social, legisladores, el Defensor del Pueblo y otras instituciones.

La jefa del bloque macrista, Carmen Polledo, se comprometió a transmitir el petitorio al Ejecutivo y llamó a cuarto intermedio para el viernes de la próxima semana.

Al finalizar el encuentro la diputada Gabriela Alegre (Frente para la Victoria) declaró a Diario Z que “todos los que conformamos la mesa de diálogo nos oponemos a un desalojo violento. Mi posición es generar una modificación del presupuesto que nos permita avanzar en la urbanización este año”.

En tanto Marcelo Ramal (Partido Obrero) contó que el testimonio de los delegados fue demoledor e inapelable. “El relato de cómo viven fue desgarrador. Explicaron que en la villa hay más muertes de chicos porque se caen de las habitaciones construidas en terceros o cuartos pisos que por la contaminación de plomo”, aseguró el legislador.

Además Ramal explicó que en la reunión se dejó constancia que toda la oposición está en contra del desalojo y a favor de cumplir con el petitorio de los vecinos de Lugano.

El encuentro fue decisivo porque hasta ese momento el PRO se venía negando a tratar un proyecto de ley para legitimar la mesa de diálogo que podría destrabar el conflicto. 

La intervención del legislador Gustavo Vera, por un lado, que le presentó a Polledo una lista representativa de delegados del asentamiento, y del secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, que por otro lado escamoteó la participación de las fuerzas bajo su mando en el operativo de desalojo, por otro, fueron determinantes para que se frenara la decisión judicial..La cuenta regresiva para el desalojo de la toma de Villa Lugano se detuvo  después de que el PRO aceptara participar de la mesa de diálogo, en la Legislatura porteña, en busca de una solución no violenta a ese conflicto. 

El defensor del Pueblo, Alejandro Amor, fue quien llevó la novedad a la jueza en lo Penal Gabriela López Iñíguez, quien estaba a punto de dictar la nueva orden de desalojo y que podría dictar el lunes la suspensión del mismo, con lo cual legitimaría el rol de la mesa de diálogo.

En relación a la orden desalojo que interpuso la justicia, los delegados sostuvieron que  “confían en la mediación del defensor del Pueblo.Amor nos prometió que se va a reunir con la jueza Iñiguez para que deje de lado la orden de desalojo”.

Ya son 800 las familias que viven  en el barrio Papa Francisco, y piensan resistir el desalojo, de producirse  

El predio tomado está ubicado sobre la avenida Fernández de la Cruz, entre Escalada y Pola, al lado de la Villa 20, donde hasta hace poco funcionó un cementerio de autos. 

La ocupación comenzó al atardecer del 24 de febrero. La gran mayoría de los ocupantes son habitantes de ese barrio, familias que viven en piezas alquiladas.

La jueza López Iñíguez tenía en sus manos la decisión de ejecutar el desalojo, después de contar con el aval de la Cámara de Apelaciones. Antes de poner la firma, había pedido al Gobierno de la Ciudad que entregara un plan detallado de cómo se iba a llevar a cabo la desocupación del predio. 

La Policía Metropolitana había presentado el jueves su informe con precisiones sobre su rol en el operativo. 

Todo indicaba que  la jueza le pondría fecha al desalojo.La novedad que modificó la situación fue la reunión de la mesa de diálogo, que vienen impulsando desde hace tres semanas diputados de la oposición  al sumarse los diputados del PRO. 

Fuentes que participaron directamente en las negociaciones, sostuvieron que “.Ellos son 800 familias, mientras que el plan del gobierno contempla 3500 viviendas. Hay lugar para gente que no participa de la toma, recalcó el abogado cercano a los delegados.

Por otra parte, los delegados manifestaron un claro discurso en contra de los punteros y de quienes lucran dentro de la villa con los alquileres.