MENU Domingo 28, abril 2024 12:51
«Con tanta demora, esta justicia no es imparcial ni justa; da lugar a medidas judiciales dilatorias que pretenden retrasar la posibilidad de conocer la verdad sobre la identidad de los hermanos, cosa que seguimos buscando y en el fondo tampoco los cuida”, destacó la diputada.
A 20 años de la muerte de Walter Bulacio, se realizará esta tarde un festival de rock en Plaza Houssay, ciudad de Buenos Aires. El joven murió tras un recital de los Redondos, víctima de los golpes de la policía después de una razzia.
Se trata de hechos protagonizados por la policía en el límite entre los distritos de Quilmes y Almirante Brown. Según ellos fue “con la excusa de buscar al asesino material del policía Ezequiel Galarza”.
Se trata de la representación de un proyecto presentado en la Cámara de Diputados en 2009 que perdió estado parlamentario. El mismo intenta resarcir económicamente a quienes fueron víctimas de los hechos ocurridos en aquél trágico diciembre.
En referencia a la recuperación de la nieta 103, la presidenta de Abuelas sostuvo que “muchos jóvenes están pegados a una mentira y no quieren saber su verdadera identidad, pero lo más importante es que estos delitos no queden sin resolver”.
La misma se desarrollará este sábado a partir de las 10 con el inicio desde el Polideportivo Municipal de Quilmes Oeste.
Será mañana en la Universidad Nacional de Quilmes, con la participación de la presidenta de Abuelas de Plaza de
Mayo, Estela de Carlotto.
Ayer se presentó un libro cuyo objetivo es proteger Las Sierras Chicas de Córdoba para permitir el trabajo de
búsqueda de desaparecidos durante de la dictadura por parte de los equipos de antropología forense.
Según la Cámara Federal porteña se trata de Carlos Alberto De Lorenzo, que había sido secuestrado en 1977. Hasta el momento, este Tribunal obtuvo 194 identificaciones con entrega de restos en 165 casos.
A casi un año de su asesinato, desde el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo sostienen: “Estamos convencidos de que a Silvia la mataron para callarla, que sus testimonios les aseguraban varios años de cárcel tanto a altos funcionarios policiales como a civiles cómplices y militares genocidas de Rafaela y de la provincia”.
