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Se trata de los diputados opositores, quienes firmaron un documento en el que se comprometen a «votar en contra de cualquier proyecto legislativo que intente declarar la necesidad de la reforma constitucional y en contra de cualquier intento de re-reelección presidencial».
El Gobernador aclaró que serán «contempladas las situaciones que puedan estar atravesando un campo por la sequía o por la inundación» y señaló que «no se le va a cobrar a aquel que por estas circunstancias no pueda pagar».
Tras el revalúo decretado de los inmuebles rurales, la Legislatura bonaerense aprobó y convirtió en ley el proyecto de reforma impositiva. Como consecuencia los ruralistas resolvieron iniciar un paro y cese de comercialización desde el sábado hasta el domingo 10 de junio.
Tras el decreto del gobernador Scioli que estableció el revalúo de tierras, la Cámara baja bonaerense aprobó la reforma fiscal. Mientras dieron su voto positivo oficialistas y representantes de Nuevo Encuentro, la oposición la rechazó pero avaló los artículos que autorizan al Poder Ejecutivo a tomar deuda.
Ruralistas que están en contra del revalúo y la reforma fiscal impulsada por el Gobierno provincial, protagonizaron incidentes frente a la Legislatura. Derribaron una valla de seguridad y obligaron la intervención de la Policía Bonaerense.
Los diputados buscarán aprobar el revalúo de las propiedades de la provincia de Buenos Aires y la suba de tributos denominado “impuestazo” por los bloques de la oposición. Esta será la tercera vez que el oficialismo tratará de reunir el quórum necesario para iniciar el debate.
La medida se tomará antes de que finalice el año y vender y comprar automóviles que hayan sido fabricados después de 1960, como no ocurría hasta ahora. Sobre las viviendas se simplificarán los trámites.
El gobierno del presidente Raúl Castro busca reducir los gastos estatales a un mínimo indispensable sin eliminar beneficios sociales que considera indispensables, especialmente en salud pública y educación.
Con la idea de reducir plantillas del Estado, el Gobierno acordó extender «a todas las actividades del sector no estatal la autorización de contratar trabajadores».
Las mismas deberán implementarse en los próximos cinco años y forman parte de una actualización del socialismo. El documento fue debatido con el pueblo y la idea es ir aumentando la iniciativa privada.
